LA PLANIFICACIÓN COLABORATIVA Y LA LIBERACIÓN DE DATA GUBERNAMENTAL: MÉTODOS NECESARIOS PARA EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

BREVÍSIMA INTRODUCCIÓN

¿Cómo se deben manejar los recursos naturales de un país? Esta pregunta se ubica al centro de nuestra discusión y la búsqueda de una sana respuesta servirá como el principal motivador de este escrito. Como el titulo adelanta, es nuestro criterio que la mejor alternativa es establecer una planificación colaborativa a nivel nacional, reclutando los distintos sectores afectados y obligar al Estado a liberar data gubernamental para lograr una mejor comprensión del espacio en que vivimos. A su vez, la liberación de data gubernamental permite el desarrollo de las herramientas prácticas, corpóreas e incorpóreas, para superar las dificultades tradicionales que surgen en una deliberación a gran escala. Por otro lado, intentaremos determinar si el estado actual de derecho administrativo permite o inhibe la participación vinculante de la ciudadanía o si solo auspicia la consulta de la población en general.1

Para lograr un clara comprensión de dichas conclusiones, debemos situarnos en un marco socio-económico que nos permita considerar las distintas influencias que toman parte en la formación de nuestro ordenamiento. Será de cardinal importancia el sistema capitalista que sienta las pautas en cuanto al manejo y valoración de los recursos a ser explotados para extraer riquezas, ya sean naturales o de otro tipo. Sin estas consideraciones, nos estaríamos aventurando en un análisis suspendido en un vacío, ejercicio que nos parece irrisoria y hasta dañina por su efecto desviador. Como bien señala Godreau, “La comprensión del derecho requiere […] que se tomen en consideración los intereses socioeconómicos en pugna al momento de promulgarse o enunciarse la norma que estaremos analizando, sea esta de tipo legislativo o jurisprudencial.”2 Una vez situados en una visión amplia con una visión básica de las ideas predominantes, podremos pasar a considerar como estos afectan el los distintos elementos relacionados al manejo de recursos naturales.

i. EL MERCADO LIBRE: BREVE TRASFONDO

La política de regulación ambiental en los EEUU ha sufrido varios cambios a lo largo de su desarrollo. Para las décadas de los cincuenta a setenta, antes de la solidificación de las políticas mercadolibristas3, la regulación tenía matices moralistas. La justificación para regular se basaba en razonamientos valorativos, motivados más por una indignación ante el riesgo colectivo que representaba la contaminación ambiental que otra cosa.4 Es decir, no era tan importante considerar el riesgo tangible o empírico que representaba la contaminación, sino que era suficiente la mera presencia de riesgos a la salud y seguridad social para justificar una valoración mas alta al beneficio vis a vis la onerosidad de la medida.5 Nos sirve de ejemplo el desarrollo legislativo del “Clean Air Act”6 y su disposición requiriendo “… la implementación de los mejores sistemas de reducción de contaminantes… ”(traducción nuestra). Esta medida dejaba a discreción del Administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) la tarea de evaluar los costos que tendrían que absorber las industrias reguladas con la implementación de dichos “mejores sistemas”.7 Más aún, al determinar Estándares Nacionales de Calidad del Aire (NAAQS por sus siglas en ingles) el EPA no tiene que considerar los costos ni limitaciones tecnológicas que dificulten el cumplimiento de las medidas necesarias para cumplir con los parámetros establecidos por dicha agencia.8 De hecho, desde la década de los cincuenta y los sesenta, el gobierno había establecido regulaciones sumamente amplias y estrictas sin consideración alguna de los costos de implementarlas. Ejemplo de esto es el famoso Delaney Clause, que como resultado de varias audiencias bajo el Representante James Delaney9, tuvo el efecto de prohibir el uso de cualquier aditivo cancerígeno en la comida.10 Como podemos observar con estos breves ejemplos, la regulación de las industrias tenía una actitud conducente a una férrea política reguladora que no daba mucha importancia, si alguna, el costo de cumplir con sus objetivos principales. Entendemos que sería correcto colegir que estas políticas respondían a un interés motivado por el valor moral e intrínseco del acto de reglamentar aquellas industrias que afectaran el bienestar percibido del país. No obstante, para fines de la década de 1970 y a principios del 1980, una recesión se combinó con alta inflación, una crisis energética, y bajas en la competitividad internacional, productividad y empleos dieron paso a un periodo de protestas severas contra la regulación.11 Poco a poco, se comenzó a favorecer la liberación de los mercados para contrarrestar los efectos de la antes mencionada recesión.12 Una de las mas notables consecuencias de este nuevo clima político fueron las acciones por la rama ejecutiva bajo el mandato del presidente Reagan. Sunstein nos señala que este clima político desembocó en un

…acto unilateral por parte de la administración del presidente Reagan [resultando en] des-regulación por vía de la eliminación o reducción de acción reglamentaria por parte de las agencias […]. El objetivo era promover la productividad económica mediante un incremento de dependencia en los mercados privados y la empresa privada. Las iniciativas presidenciales, motivadas por dos ordenes ejecutivas pidiendo un análisis costo-beneficio y atención a los mercados privados, fueron controversiales.13 (traducción nuestra)

Por otro lado, la rama judicial estaba cayendo en disfavor:

La década de 1980 también presenció una insatisfacción considerable con los controles legales sobre [las entidades administrativas]. La inmunidad de los tribunales, su aparente falta de pericia junto con su lentitud, parece haber dado paso a [una mermada participación de la rama judicial]. Aquí, las lecciones institucionales del Nuevo Trato fueron generalmente invocadas por aquellos que deseaban reducir la regulación – una última ilustración de la reversión de los entendidos institucionales de los [proponenetes del Nuevo Trato]. De manera que, la revisión judicial de las determinaciones agenciales fueron mas deferentes.14 (traducción nuestra)

Esencialmente, cuando se habla del libre mercado se describe una serie de intercambios de bienes entre dos o más personas.15 El éxito de este sistema recae en que la libertad de los actores reine por encima de todo lo demás. Esta idea puede que parezca simple en primera instancia pero sus implicaciones son profundas y hasta tenebrosas. El concepto “libertad” generalmente se entiende como la “Facultad natural que tiene [la persona] de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.”16 Encontramos que esta definición, aunque correcta en principio, ni comienza a aproximarse a la complejidad que entraña la libertad del individuo en el ambiente del mercado libre. En principio, los partícipes del mercado tienen que gozar de entera libertad para poder lograr la máxima eficiencia del mercado. De haber obligación alguna que mueva a una parte a actuar de manera forzosa, se perdería el libertinaje característico del mercado libre. Tal como nos indica Friedman:

Las personas cooperan el uno con el otro porque ambos se benefician. En el mercado los individuos no tienen la facultad de coercer a otros individuos. La persona que no desee negociar con otro por el hecho que está en desacuerdo con las opiniones que el segundo tenga respecto temas extrínsecos al negocio, solo se hace daño a sí mismo en el proceso. Esas son las razones por las cuales un mercado libre es un elemento tan importante en una sociedad libre.” (traducción nuestra)17

Es decir, este pensamiento propone lo siguiente: permitir que las personas actúen de manera independiente e ininterrumpida promueve el buen desarrollo de, no tan solo en individuo, sino la sociedad también. Nuevamente nos indica Friedman: “A mi entender, una sociedad libre es mas productiva que cualquier otra; extrae las energías de las personas, permite el uso efectivo de los recursos y faculta a las personas a tener mejores vidas.”(traducción nuestra)18 Otra característica de la libertad de los individuos en este ambiente es la prohibición de imponer algún tipo de régimen obligatorio sobre las acciones de las personas. Es por esto que la reglamentación gubernamental se percibe como un atentado sobre la libertad de los individuos. De manera, aquella persona que desee llevar a cabo una actividad dañina contra sí mismo o contra otro está facultado para hacerlo y el estado no debería intervenir en su voluntad. A manera de ejemplo, en cuanto al mercado laboral y la necesidad de reducir el desempleo, el profesor Friedman afirma: “Lo mas necesario es remover o aliviar los obstáculos actuales al libre desarrollo del mercado laboral. ¿Cuáles son estos obstáculos? Son el salario mínimo, la Ley Davis-Bacon, el trato especial a las uniones, y regulaciones estrictas de las condiciones de trabajo.”(traducción nuestra)19 A la luz de esta doctrina, lo mejor que se puede hacer para la economía es permitir que la “voluntad de las partes” sea el único factor a considerar para determinar el uso de la fuerza laboral y de los recursos. Estos criterios parecen tener como fin llevar a su máximo potencial la doctrina de pacta sunt servanda donde los acuerdos son “ley” entre las partes, con la diferencia de que en el concepto del libertinaje absoluto de los mercados libres no está presente la limitación de la “Ley, moral u orden publico” sino que es la responsabilidad de cada individuo llevar a cabo sus acciones de la manera mas beneficiosa para él o ella. Esto presupone que cada individuo es responsable por su propio bienestar. Es razonable entender entonces que en un mercado libre, cada individuo es responsable de considerar y entender las consecuencias de sus acciones y tendrá que soportar el resultado de sus pactos ya sean nocivos o no. Como consecuencia, el individuo es el máximo responsable de su destino. El estado no debe ni puede intervenir en sus decisiones ya que si lo hace, releva al individuo de su responsabilidad personal, ocasionando que no se perciba en control de su desarrollo sino susceptible influencias exteriores. Al discutir el tema del aumento en la criminalidad, Friedman indica que “Dos factores parecen de mayor importancia […]. Uno es el cambio de opinión desde el Nuevo Trato, relacionado al papel del individuo y el del gobierno. Ese cambio cambió el énfasis de la responsabilidad individual a la responsabilidad social. Fomentó la idea de que las personas son el resultado de su entorno y no deberían ser responsables por su comportamiento.” (traducción nuestra)20 Claro, es importante recalcar que, por lo menos en teoría, no se supone que las acciones afecten a terceros.21 Friedman insiste: “Yo favorezco una sociedad libre porque valoro la libertad en sí misma. Yo defino la libertad como la ausencia de coerción de una persona sobre otra. Es decir: la libertad de los individuos a cooperar de manera voluntaria siempre y cuando no afecten a terceros.”22 (traducción nuestra)

A. JUSTIFICACIONES DEL MERCADO LIBRE: LA LIBERTAD Y EL BIENESTAR DEL INDIVIDUO

Ahora bien, debemos observar los argumentos considerados al justificar el concepto de mercados libres. Comencemos con la libertad del individuo:

Generalmente, la creencia en la libertad del individuo a menudo subyace en el antagonismo hacia la intervención del gobierno en el mercado [libre]. Aquí el entendido es que, si no representa un daño a terceros, los gobiernos deberían respetar, y hasta fomentar distintos conceptos de lo que es la buena vida [y] la forma en que se manifiestan en las relaciones privadas y contractuales. No hay razones para suponer que el gobierno sabe lo que mejor que le conviene a los individuos, […] pero sí las hay para concluir lo opuesto.”23(traducción nuestra)

Como podemos observar, el gobierno, para la doctrina mercadolibrista, es una entidad no deseable ya que menoscaba la capacidad del individuo para desarrollarse y no permite que se desarrollen las interpretaciones de los individuos sobre lo que es la mejor representación de la felicidad y como se debe manifestar. “Este tipo de idea sirve como fundamento para concluir que la reglamentación es, casi por definición, un paternalismo ilegítimo…”24 (traducción nuestra) Entonces, este razonamiento permite que la libertad del individuo se pueda utilizar como escudo contra la regulación por parte del estado, y por ser tan amplio, se puede invocar ante un sin fin de regulaciones sin necesidad de brindar una justificación detallada. Nos parece que este es el arma mas poderoso que tiene la corriente mercadolibrista a su favor.

Por otro lado, el concepto de “bienestar” también se emplea para oponerse a la interferencia gubernamental mediante la regulación. “La idea básica es que las personas saben lo que está en su mejor interés y que el respeto por sus preferencias, tal cual son expresadas en sus transacciones en el mercado, es la mejor manera de de lograr un bienestar social de manera acumulada.”25 (traducción y énfasis nuestro) Es decir, si el gobierno interviene en las relaciones contractuales de los individuos que participan en el mercado, se pierde un potencial mejoramiento de la sociedad ya que los pactantes no podrán percibir los beneficios de su negocio, evitando a su vez que este beneficio se acumule con otros. Además, argumenta la doctrina mercadolibrista, “[l]os deseos y preferencias que son suprimidos por una regulación se manifestarán, con toda probabilidad, de otra manera aún mas destructiva[.]”26 (traducción nuestra)

ii. EL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

Para poder demostrar la relación que existe entre las nociones mercadolibristas que esbozamos anteriormente y el manejo actual de los recursos naturales y ambientales, es necesario primero considerar los mecanismos que emplea nuestro ordenamiento jurídico al determinar si alguna actividad de nuestra sociedad se debe reglamentar o si debe quedar sujeto a “las fuerzas del mercado”. Entendemos que tal observación nos ayudará resaltar la influencia que ha tenido esta escuela de pensamiento, especialmente la del Profesor Milton Friedman, en formar una política reglamentaria más afín a las características del libre mercado económico.

A.1) DESARROLLO Y AUGE

En el tema de regulación gubernamental, un análisis costo-beneficio busca determinar si el costo de alguna reglamentación puede ser justificado por el beneficio que rendiría.27 Es decir, mediante esta herramienta evaluativa, se intenta justificar las medidas reglamentarias para lograr el mayor beneficio posible mediante el menor costo posible. En el caso de las agencias de gobierno, se “…requeriría que investiguen tanto los costos como los beneficios para demostrar que los beneficios justifican los costos en la mayoría de las circunstancias y en el caso en que los costos sean mayores a los beneficios, ofrecer una explicación razonable por el cual se tomó tal decisión.”28 (traducción nuestra) Para lograr dicho análisis es necesario que, cuando sea posible, los beneficios tengan un equivalente monetario. Es decir, si el beneficio de una regulación es que salvaría “X” cantidad de vidas humanas, cada una de esas vidas se le tendría que atar un valor pecuniario. De acuerdo a la doctrina, este ejercicio no tiene el propósito de asignarle un valor intrínseco a la vida humana, sino que se hace para poder llevar a cabo el análisis costo-beneficio y así llegar a conclusiones razonables.29

Esta nueva visión reguladora floreció notablemente en la década de los ochenta con la incumbencia del presidente Reagan en Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, es menester destacar que este análisis no toma en consideración la necesidad intrínseca de una reglamentación, sino que mas bien observa su viabilidad utilizando su costo como limitación principal. Tampoco se utilizan consideraciones de los deberes del Estado al determinar si una regulación es justificable. Mas bien, el análisis costo-beneficio intenta evitar tres aspectos negativos de la reglamentación: 1) pobre evaluación de prioridades por parte del Estado al momento de reglamentar, 2) medidas excesivamente costosas y 3) falta de atención de los efectos secundarios de la reglamentación.30 Mediante esta figura, aclara la doctrina, “…se logra extraer las regulaciones mas deseables, se rechazan los plenamente indeseables y provoca la búsqueda de los métodos más costo-eficientes para lograr los objetivos de la reglamentación.”31(traducción nuestra) Bajo el presidente Reagan, estos objetivos están manifiestos en las órdenes ejecutivas EO 12291 de 198132 y EO 12498 de 198533 donde vemos manifiesto el espíritu del mercadolibrismo. En la primera, la administración mercadolibrista de Reagan impulsaba las siguientes ideas: 1) que las agencias siguieran una serie de principios, que incluían el análisis costo-beneficio, 2) implementar como requisito el análisis costo-beneficio al considerar el impacto que pueda tener cualquier reglamentación de gran importancia, y 3) establecer de manera general que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB por sus siglas en inglés) tuviera un carácter supervisor.34 En específico, el inciso “e” de la sección 3 de dicho reglamento provee lo siguiente: “Las agencias establecerán prioridades reglamentarias con el fin de maximizar los beneficios netos agregados para la sociedad, teniendo en cuenta la condición de las industrias siendo afectadas por regulaciones, la condición de la economía nacional, y otras acciones reglamentarias futuras.”35 (Traducción nuestra) Por otro lado, la Orden Ejecutiva Núm.12498 de 1985 parece ampliar las facultades de la Oficina de Administración y Presupuesto ademas de imponer mayores responsabilidades a los jefes de agencia en cuanto a que los reglamentos propuestos por las instrumentalidades gubernamentales bajo su mando cumplan con las disposiciones de las ya mencionadas ordenes ejecutivas.36 Como resultado, los actos de regulación que las agencias llevaban a cabo incluían consideraciones costo-beneficio ab initio.37 Nos parece claro que estas políticas insertaron el elemento de costo-beneficio dentro del marco del derecho administrativo para facilitar un desarrollo industrial sin precedentes. La relajación de la fuerza reguladora de las agencias le dieron mayor “libertad”38 a los intereses corporativos que deseaban que la explotación de riquezas se diera con menos trabas reglamentarias.

A.1.1) CRÍTICAS Y DETRACTORES

Ahora bien, como toda idea, el análisis costo-beneficio tuvo, y todavía tiene, sus detractores. Entre ellos estaba el Representante Demócrata Henry A. Waxman, quien ofreció en una entrevista con el New York Times poco tiempo después de haberse promulgado la oden ejecutiva num. 12291 las siguientes declaraciones: “Es muy peligroso pensar que podamos cuantificar la manera que se desarrollan las decisiones de política publica. Ni sabemos como medir el costo real de la salud o enfermedad.”39 (traducción nuestra) Para entender si las preocupaciones del Sr. Waxman son infundadas o no, debemos preguntarnos si en principio el análisis costo-beneficio es una manera adecuada para atender las necesidades de nuestra sociedad y, aunque ya ofrecimos una breve definición, es menester observar sus elementos básicos.

El análisis costo-beneficio es el resultado de dos operaciones básicas: primero se determina si los individuos estarían dispuestos a sufragar los costos de las medidas necesarias para atender alguna necesidad social, y segundo, el resultado de la primera operación se suma a las variables de compensatorias que puedan existir. Como resultado, podemos determinar cuanto dinero estarían dispuestos a gastar los individuos por la implementación de las medidas desarrolladas, sin que a estos se les afecte su estado anterior.40 El fin de estas operaciones es determinar cuan socialmente deseables son las medidas propuestas.41 Para el Prof. Richardson, este no es el método más inteligente para resolver los problemas prácticos de la sociedad.42 Citando a John Dewey, nos aclara que un acercamiento inteligente requiere una flexibilidad para poder reaccionar a nueva información y que el análisis costo-beneficio no ofrece cabida para tal consideración.43 Es decir, no está presente la posibilidad de ajustar los objetivos del plan en desarrollo ante nuevas consideraciones que no estaban presentes en las primeras fases.

Como podemos observar, y como ya hemos mencionado, el análisis costo-beneficio esta centrado en consideraciones del mercado que toman en cuenta al individuo como sujeto del mercado y su disposición a absorber los costos de atender una necesidad a cambio del beneficio que esto traiga. Sobre este aspecto, Richardson indica que, si el objetivo es velar por el bienestar del individuo, este método es el menos apropiado ya que no hay una correlación entre la disposición del individuo a pagar con su bienestar.44 Consideramos que no es posible ignorar el efecto que puede tener la ausencia de ulteriores consideraciones al elaborar posibles respuestas a nuestras necesidades mas apremiantes ya que, como nos indica Richardson, la disposición del individuo a absorber las costas de dicha respuesta debe considerarse junto con otros valores y consideraciones sociales como el ambiente, el discrimen, la justicia, entre otros.45

Antes de pasar al próximo tema, es necesario aclarar que no consideramos correcto descartar el método costo-beneficio como totalmente inútil ya que tiene aspectos que pueden atender algunas defectos cognitivos comunes en el proceso formativo de la propuesta que eventualmente desemboque en una solución coherente y efectiva.46 No obstante, depender totalmente del estándar costo-beneficio para determinar las opciones para atender las necesidades de nuestra sociedad parece dejar sin atender varios elementos importantes.47

iii. LOS INTERESES DEL INDIVIDUO: LA MOTIVACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y LA REGLAMENTACIÓN MERCADOLIBRISTA

Como ya hemos discutido anteriormente, dentro de el concepto de un mercado libre yace un deseo de lograr un nivel de “libertad” que permita que sus actores lleven acabo negocios jurídicos sin la injerencia de terceros, incluyendo al gobierno. Esto a su vez tiene como consecuencia que se consideren los intereses48 individuales de los actores en sí como la base para explicar y justificar sus decisiones. Esta lógica se ha extrapolado al escenario político, dando paso a que las preferencias de las personas sea el principal factor a considerar para la toma de decisiones políticas. El profesor Sunstein escribe:

¿Una democracia constitucional debería considerar las preferencias de las personas como base para el desarrollo político? En la política contemporánea, la ley y en especial la economía, una contestación convencional sería que sí. Por ejemplo, a economía moderna esta dominada por un concepto bienestar basado en la satisfacción de preferencias existentes evaluadas a base de la disposición a pagar expresada en los contextos del mercado; el la política y en la ley, algo denominado como “paternalismo” rechazado tanto en el sector publico como el privado.49

No nos debe sorprender que un sistema que guarda en alta estima al deseo del individuo reaccione enérgicamente contra la intromisión de terceros en los intereses de los individuos. Como nos aclara Sunstein, esta visión política encuentra un enemigo natural en todo acto paternalista50, especialmente por parte del estado, que intente insertarse en la toma de decisiones. Este rechazo tiene su origen en la idea de que es sumamente difícil que un tercero pueda descifrar la voluntad del individuo cuyas preferencias se toman en consideración al momento de la toma de decisiones. Es más, dicho esfuerzo, dice la doctrina, puede ser hasta peligroso si lo intenta el estado.51 Estas observaciones han dado paso a una doctrina de bienestar individualista.52 Nuevamente, Sunstein señala que esta corriente de pensamiento considera que el estado debe desarrollar su concepto de bienestar social a base de las interacciones de los individuos en el mercado.53 Es decir, bajo este criterio, son los intereses propios de los individuos los que motiva la política publica.54 Este punto es fundamental para entender el mal manejo de nuestros recursos naturales y ambientales. Lo que nos da a entender la figura del bienestar individualista es que las acciones políticas del estado son un intento a sumar los intereses de los individuos.55 El Profesor Sustein nuevamente nos asiste: “A menudo, sino siempre, la politica es la suma de los intereses privados. Su entorno contiene distintos derechos que protegen la libertad privada y la propiedad privada del entrometimiento del sector público.”56 (traducción nuestra) Es decir, el andamiaje político, sobre el cual recae nuestro ordenamiento, esta desarrollado desde una perspectiva de los intereses individuales que conforman, por ejemplo, una comunidad. Esto no debe confundirse con un esfuerzo a considerar los intereses de una sociedad; sino es mas bien un esfuerzo de respetar los intereses de aquellos que a nivel individual forman esa sociedad. Se busca adelantar el efecto agregado que tienen los intereses de los individuos sobre la política del estado. Nuevamente aquí vemos como la filosofía individualista del mercadolibrismo permea nuestra política administrativa. Friedman parece favorecer esta visión de desarrollo político al entender que aún en circunstancias donde la interacción entre dos personas afecte a un tercero, el gobierno no debería entrometerse en estas interacciones ya que su presencia solo agravaría aún mas la situación.57 Para Friedman, la presencia del estado tiene el efecto de ampliar los resultados nocivos de una falla de mercado,58 provocando que mas personas sean afectadas y por ende tengan que absorber el costo de rectificar dichos fracasos aún cuando no perciban beneficio alguno.59

Si aceptamos la premisa de que la política pública usa los intereses de los individuos como punto de partida, merece entonces especial atención las preferencias que emplean los individuos para considerar y desarrollar sus intereses. Para lograr dicho ejercicio, adoptaremos la siguiente premisa como punto de partida: las normas sociales son parte de la formación de intereses; los intereses del individuo surgen cuando éste ejerce el papel que que le corresponda en la sociedad; y que el significado de ciertos actos por parte del individuo es elemental en la formación de sus intereses.60 Pasemos a examinar brevemente cada uno de estos conceptos por separado.

A.) LAS NORMAS SOCIALES Y SU EFECTO EN LA FORMACIÓN DE INTERESES DEL INDIVIDUO

De forma general, podemos considerar una norma social como una reacción por parte de la sociedad a favor o en contra de ciertos actos.61 Las normas sociales rigen sobre cuando y donde debemos llevar a cabo ciertos actos, e.g., discutir en publico, arrojar basura a la calle, protestar algún acto, entre otros. Estas normas sociales pueden ser bien poderosas e incluso llegar a ser ley. “Las normas [sociales] son puestas en vigor mediante sanciones sociales; estas sanciones dan lugar a una gama de estados emocionales desagradables (aunque a veces placenteros) en las mentes de las personas que las han violado.” (traducción nuestra)62 Mas aún, “[s]i un individuo se comporta de manera contraria a la norma social aceptada, es posible que sea objeto de reproches públicos, provocando en este un sentido de vergüenza y el deseo de ocultarse.” (traducción nuestra)63 La naturaleza de las normas sociales y su efecto coercitivo puede motivar a los individuos a desplazarse y formar nuevas comunidades normativas.64 Puede ser muy difícil retirarse de de estas comunidades, mas aún si el individuo se ha desarrollado en ese entorno. Como resultado, adoptar otras normas puede ser altamente oneroso, aún cuando las nuevas opciones sean las correctas.65 Bajo estas circunstancias, puede ser favorable que el estado se involucre en la alteración de las normas que causen este efecto. No se puede negar la influencia que tiene el estado en el desarrollo de normas sociales. Muchos de sus esfuerzos están dirigidos a alterar ciertas normas sociales para aumentar los beneficios para los individuos y a su vez disminuir los costos.66

Podemos colegir que las normas sociales son cardinales para la formación de los intereses de los individuos. Ciertas presiones sociales pueden motivar al individuo a manifestarse de manera específica, abonando a la formación de sus intereses.

B. EL PAPEL QUE DESEMPEÑA EL INDIVIDUO Y SU EFECTO EN LA FORMACIÓN DE SUS INTERESES

Los individuos desempeñan una variedad de papeles sociales que a su vez son grabados por una variedad de normas sociales.67 El incumplimiento por parte del individuo de alguna norma social que le corresponde a su papel puede acarrear un castigo social,68 a nuestro juicio en la forma de reproches o inclusive marginación. En la sociedad, se le reconoce a cada papel ciertas circunstancias en que éste puede llevar a cabo ciertas formas,69 e.g., el cuidado que tiene que observar un desarrollador de urbanización hacia la preservación de áreas verdes vis a vis un reconocido ambientalista. Los atributos de sus roles en la sociedad sirve de motivación para cada individuo a reaccionar de manera distinta a la misma situación, e.g., ante la pérdida de áreas verdes, se espera que el ambientalista lleve acabo ciertos actos de protesta; no así en el caso del desarrollador, que ante esta misma situación, se espera que sus actos reflejen una menor preocupación por su preservación. Claro, un individuo puede ocupar mas de un papel social.70 Una madre puede ser también maestra, un atleta también puede ser entrenador. No obstante, existe una dicotomía particularmente marcada entre los papeles de ciudadano y consumidor.71

En su capacidad de ciudadano, un individuo puede hacer manifestaciones en apoyo a un resultado que es contrario a sus actos como consumidor en el mercado.72 Como ciudadano, un individuo puede abogar por un cambio social mediante la alteración de de las normas asociadas a ciertos papeles sociales, y a su vez, como consumidores, desenvolverse de manera injusta en su espacio privado.73 Esto nos lleva a concluir, como afirma Sunstein, que “…hay diferencias contextuales importantes entre el comportamiento dentro del mercado y el que se emplea al ejercitar el voto. El primero no afecta la colectividad de igual forma, por lo cual, aquellos interesados en, por ejemplo, proteger el ambiente pueden entender que sus propios actos [como individuos] es mayormente irrelevante, mientras que las leyes pueden tener gran impacto.”74 (traducción nuestra) A nuestro juicio, esta idea sirve de complemento a la figura del bienestar individualista discutido anteriormente ya que en ambos se refleja una marcada diferencia entre los deseos del individuo y las de la comunidad a la cual este pertenece.

C. LAS PREFERENCIAS DEL INDIVIDUO Y EL SIGNIFICADO DE SUS ACTOS

Con el término preferencia nos referimos a aquella motivación que surge en el individuo y abre paso a la formación de sus intereses.75 Es decir, una preferencia es lo que hay detrás los intereses del individuo. De esta manera, la figura de la preferencia sirve para entender el génesis de los intereses del individuo.76 No obstante, Sunstein nos advierte, y a nuestro juicio correctamente, que es irracional que el estado acepte las preferencias de los individuos sin ulterior análisis. A su juicio, el estado juega un papel protagónico en su formación.77 En el mercado, las preferencias de los individuos hacia algo en particular, ya sea un bien material u otra cosa, son el resultado de los derechos que estos tienen para obtenerlas, y es el estado quien le otorga estos derechos.78 Ser titular de un derecho tiene a su vez el efecto de proteger el acceso a ese bien, desarrollándose los cimientos para la formación de una preferencia.79 Ahora bien, por su naturaleza, el concepto de preferencia es difícil articular ya que conlleva intentar descifrar el estado mental del individuo;80 cosa que es altamente compleja y más allá de las limitaciones del presente trabajo; y es precisamente ésta característica lo que hace tan cuestionable el uso de los intereses de los individuos por parte del estado.

Ahora bien, el significado de una acto es la “…dimensión expresiva de conducta […] dentro de una comunidad particular.”81 (traducción nuestra) A su vez, “[l]a dimensión expresiva de conducta envuelve la postura y compromiso que denota cierta conducta.82 (traducción nuestra con énfasis original) Es decir, un individuo puede llevar a cabo actos que se pueden considerar como reflejos de su actitud hacia algo en particular, e.g., si un reconocido abogado defensor de derechos de animales se presenta a una vista, acto normal para su papel social, vestido de pies a cabeza en piel de león, cambia drásticamente la interpretación que se le puede atribuir a su acto. Al igual que las normas sociales, el individuo tiene poco control sobre el significado que se le puede atribuir a sus actos, ya que estos están atados a su papel en la sociedad.83

D. BREVE CONCLUSIÓN SOBRE EL USO DE INTERESES EN EL DESARROLLO DE POLITICA PÚBLICA

[P]odemos ver que la complejidad del estado mental también le provoca dificultad al gobierno cuando le corresponde reaccionar a los intereses de los individuos. Los intereses dependen de normas que, no necesariamente son apoyadas por los individuos [luego de] reflejar [sobre la validez de los mismos]; por ende, no está claro como el gobierno debe atender el fumar, el uso de drogas, padres solteros, la actividad sexual riesgosa, el reciclaje, entre otros.84 (traducción nuestra)

Claramente, los individuos no siempre están de acuerdo con las normas sociales, sino que preferirían que fuesen distintas. Tales cambios pueden ser beneficiosos y promover el bienestar y mejoramiento del ser humano.85 Pero lograr la transformación deseada puede ser cuesta arriba para el individuo ya que “…en su capacidad individual, cada persona tiene un alcance limitado para alterar el significado de sus actos, las normas sociales o su papel en la sociedad.”86 (traducción nuestra) Recordemos, si a los ojos de su comunidad, el individuo incumple con algunos de estos elementos sociales que abonan a la formación de sus intereses, éste puede ser sujeto de criticas y reproches. “De hecho, a menudo es difícil saber cuál es el “gusto” o preferencia de las personas porque su [razonamiento] está entrelazado con normas, significados y papeles sociales…”87 (traducción nuestra)

En conclusión, las preferencias, que son el producto de un estado mental difícil de descifrar, sirven a su vez para aclarar el origen de los intereses de los individuos; y éstos últimos, nos indica Sunstein, surgen de normas sociales que pueden ser objeto de desprecio como resultado de un ejercicio reflexivo por parte del individuo. Ante tal inestabilidad e incertidumbre, entendemos que el individuo no debería ser el punto de partida para desarrollar la política publica. Al contrario, entendemos que es necesaria la intervención del colectivo y la totalidad de sus intereses; máxime cuando hablamos de nuestros recursos naturales. Hacemos nuestras las palabras de McConell cuando, hablando de la dicotomía entre los intereses privados y los sociales, escribe:

Por varios años ha sido tradicional ver el problema del poder privado como la antítesis entre los intereses particulares y el interés público. […] Exponer el diseño depredador de “intereses especiales” y traer a la luz la corrupción en la vida pública siempre tuvo el atractivo de mera justicia.”88 (traducción nuestra)

v. HACIA LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

Para observar la figura de la planificación en su forma más general, citaremos en su totalidad la descripción que nos ofrece Kaplan, ya que entendemos que es abarcadora y no requiere explicación adicional.89

La planificación propiamente dicha constituye una intervención deliberada, basada en un conocimiento racional mínimo del proceso socioeconómico y de sus leyes, y caracterizable por los rasgos y elementos siguientes:

  1. Se presenta como un conjunto de medios, mecanismos y procesos sociales por los cuales los sujetos, agentes, estructuras, comportamientos y movimientos que constituyen la sociedad y contribuyen a modificarla y desarrollarla son controlados de modo consciente e integrados en la totalidad de modo tal que se pueda diseñar, dominar y conformar el porvenir de esta.

  2. Supone un esquema de la sociedad, a mantener y reformar, o a modificar y reemplazar. Define el proyecto fundamental de esa sociedad, fija sus caminos e implementaciones.

  3. Busca beneficiar subconjuntos (clases, grupos, sectores, ramas, regiones) en el seno del conjunto, de modo desigual en relación con otros que resultan postergados o perjudicados.

  4. Da prioridad a ciertos progresos, elige polos o focos de formación e incremento de los productos, selecciona itinerarios de propagación y formas de concreción de esos progresos y productos en el seno del conjunto. Resuelve tensiones y conflictos que perturban, frenan o impiden la realización de los fines seleccionados.

  5. Asume una orientación general, la búsqueda de una maximización, el logro de una evolución, que se juzga deseables, y para cuya concreción se ha constatado la insuficiencia de las acciones espontáneas de los subconjuntos, sujetos y agentes que existen y operan en el conjunto dado.

  6. Requiere una autoridad capaz de arbitrar los intereses y las demandas no automáticamente compatibles o conflictivas de los subconjuntos, sujetos y agentes, cuyas decisiones se vuelven normas para aquellos.

  7. Implica una estrategia, concebida como cuerpo orgánico de decisiones sobre una serie de opciones económicas, sociales, políticas, ideológicas y culturales, que da por resultado un programa suficientemente preciso como para ser guía efectiva de los órganos públicos de intervención y planeamiento, y de los destinatarios (conjunto nacional, subconjuntos, clases, grupos, sectores, regiones). Las decisiones son tomadas deliberadamente y están referidas las unas a las otras, de modo de proporcionar un programa de acción relativamente coherente.

  8. Debe traducirse en un conjunto orgánico de objetivos y medios, cuantitativamente evaluados y adaptados unos a otros, que interesan a toda la economía, la sociedad y el sistema político, o a sus sectores fundamentales, con determinación de recursos, instrumentos y etapas, y atribución de tareas y responsabilidades para los principales agentes sociales.

  9. Puede ser básicamente de tipo parcial y flexible (Francia, ¿India?) ‘ o total e imperativa (URSS, Europa oriental, China, Cuba).90 (énfasis original)

Deseamos resaltar la naturaleza inclusiva y deliberativa que nos ofrece Kaplan. Esto refleja una atención prioritaria hacia los intereses del colectivo y toda parte interesada en el proceso de planificación. Mouchet abona a esta idea cuando discute la participación de la comunidad en la planificación:

En una planificación concertada la fuerza y autoridad del Plan no surge solamente de la ley sino de la participación de los grupos privados en todo el proceso de la planificación, lo que asegura una forma de consenso colectivo en cuanto a la política contenida en el Plan y a la viabilidad de su ejecución, en cuanto ella no solo depende de la acción de los organismos del Estado sino de los grupos privados.91

Es imperativo resaltar la importancia que tiene la participación ciudadana, o comunitaria, para los fines de la planificación. Como nos indica Mouchet, la misma validez y “fuerza” del plan depende de la anuencia del colectivo sobre el cual recae. Es decir, si consideramos que la “participación de los grupos privados” es lo que hace el acto de planificar vinculante, la ausencia del insumo de la colectividad invalida el proceso.92 El desarrollo de una planificación sana y coherente tiene la necesidad de considerar las necesidades de la población en general. Ninguna otra consideración, ni siquiera legislativa93, debería menoscabar esta consideración. No cumplir con este requisito lleva a consecuencias negativas y el mal uso de nuestros recursos naturales. A manera de ejemplo, entre el 1950 y el 1970, la vivienda disponible en Puerto Rico aumentó un 58% a pesar de que la población creció un 23%.94 La motivación de tal disparidad fue la banca. Para poder cumplir con los requisitos de la FHA y la VA, la planificación y diseños de viviendas eran generalmente inapropiadas para Puerto Rico.95 Estos datos demuestran que no se tomó en consideración las necesidades de la población en general al decidir como desarrollar la vivienda en Puerto Rico. Como resultado, hubo un patrón de uso de tierras que reflejaba una baja densidad poblacional, fallando en la maximización de nuestro recurso natural más escaso. Éste es el fruto de la planificación desacertada y carente de consideraciones que reflejan los intereses de la ciudadanía.

A.) DESARROLLO COMUNITARIO: PIEZA ÚTIL PARA LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

Una planificación realmente participativa contiene varias necesidades particulares que no se deberían atender solamente dentro del ámbito jurídico. Entre ellas está la necesidad de un programa coherente de desarrollo comunitario. Recordemos que lo que se persigue con una política de planificación colaborativa es insertar en el proceso de planificación nacional las necesidades de comunidades que componen la población, de manera que las necesidades de los constituyentes, al ser afines a los intereses de la comunidad y no de los individuos que la componen, incluirían la preservación de recursos naturales y ambientales ya que de lo contrario se afecta la comunidad de manera nociva. Claro, no ostentamos a hacer un estudio exhaustivo del tema de desarrollo comunitario, sino presentar de manera general la importancia que tiene como elemento en la planificación participativa.

El desarrollo comunitario busca usar efectivamente los recursos humanos de una comunidad para lograr su mejoramiento general.96 Como corolario, se necesita observar y perseguir el mejoramiento de la calidad de la participación ciudadana y no meramente la cantidad,97 de manera que los esfuerzos de dicha comunidad en cuanto a, por ejemplo, el manejo de recursos naturales, sea el resultado de un proceso deliberativo donde la comunidad está informada y organizada. De lo que se trata en principio es capacitar a la comunidad para que pueda adoptar un papel protagónico en los procesos socio-económicos que constituyen la vida nacional,98 incluyendo la planificación participativa. Es menester destacar que con un programa de desarrollo comunitario, también se fomenta el desarrollo del individuo,99 pero, a nuestro juicio, éste se desarrolla desde el punto de partida del beneficio de la comunidad, dando paso a que el individuo que se desarrolla dentro de un marco de beneficio comunitario y no exclusivamente individualista. Después de todo, los individuos tienen poco control sobre la composición de las normas, papeles o significados sociales.100

Ahora bien, normalmente surgen algunos retos en cuanto a lograr la integración de los intereses y necesidades101 de la comunidad en las metas económicas y técnicas de un proyecto de planificación nacional.102 Primeramente, hay que observar cuales características se le atribuye al desarrollo comunitario dentro del marco de la planificación ya que servirán para determinar su importancia. Si por ejemplo, se considera que la participación de la comunidad en un proyecto de planificación se satisface con la ausencia de su oposición al mismo, no estamos ante un programa que tenga como fin el desarrollo humano como meta social, sino mas bien concibe la participación comunitaria como un ejercicio de persuasión; llevando a la comunidad de una posición opositora a una “cooperadora” mediante su aceptación.103 Esto, a nuestro juicio, no necesariamente significa que la población afectada entienda o desee los efectos que repercute sobre ellos las políticas de planificación propuestas, sino que simplemente no se ha manifestado una oposición a las mismas. De ser así, esto es contrario al objetivo que tiene el desarrollo comunitario ya que no promueve un mejoramiento de la utilización de los recursos humanos de la población, mas bien, a nuestro juicio, la atrofia mediante su desuso.

i. LA LIBERACIÓN DE DATA GUBERNAMENTAL

A nuestro juicio, a liberación de data gubernamental, quizá el tema menos desarrollado en lo que a política publica concierne, es la piedra angular de nuestro análisis. Sin esto, nada de lo mencionado puede lograrse. No importa cuan participativa sea la ciudadanía o su papel en el manejo de recursos naturales y ambientales, si no tiene acceso a la información que usa el estado para la toma de decisiones, su presencia no tendrá el efecto deseado, i.e., que se consideren los intereses de la comunidad y la ciudadanía en general al momento de reglamentar, desarrollar política publica, etc.

Generalmente, hay una obligación por parte del estado a desenvolverse acorde con los intereses del pueblo. Brindar acceso a la información del gobierno nos permite confirmar que este supuesto básico se esté cumpliendo.104 Para lograr este supuesto, hay dos alternativas de política pública que generalmente se reconocen para lograr acceso a data gubernamental: 1) la apertura de información gubernamental en general, y 2) el acceso a información con fines específicos.105 La distinción entre los dos yace en los fines para los cuales se recopila la información oficial. En el caso de una política de apertura de información gubernamental en general, el estado dispone de su data a los fines de que la población esté mas informada en el sentido mas amplio; sin observaciones específicas de los datos que provee.106 Por otro lado, una política con el propósito de fomentar un acceso a información con fines específicos considera cuál data se divulga ya que se hace con la intención de atender alguna necesidad en particular de la sociedad.107 Nos parece que de las dos alternativas, la segunda es la mas efectiva en brindar información útil108 para una participación ciudadana que atienda exitosamente las necesidades de la población ya que obliga, tanto al estado como entidades en el sector privado, a difundir información específica y estandarizada a los fines de lograr un objetivo beneficioso.109 Claro, esto no debe interpretarse como un intento a menoscabar la importancia del derecho a acceso general del gobierno. Entendemos que el acceso que tiene cualquier ciudadano a la información que usa su gobierno para determinar las políticas que regirán sobre su existencia es una piedra angular de la democracia, no solo en el sentido teórico, sino practico también. Nuestra afinidad por una política con el propósito de fomentar un acceso a información con fines específicos emana mas bien de su principio de especificidad que permite identificar la data necesaria relativa a una necesidad en particular. Observemos un breve ejemplo: en el 1986, el Congreso de los Estados Unidos de Norte América obligó a las entidades manufactureras del país a publicar la cantidad de químicos tóxicos que liberaban en el ambiente e identificarlos.110 Este nuevo mandato motivó a algunas compañías afectadas a comprometerse a reducir drásticamente su emisión de contaminantes, en algunos casos hasta un 90%, sin tan siquiera haberse emitido el primer reporte de contaminantes.111 “El mero hecho de anticipar la mala publicidad [de sus emisiones] fue un fuerte incentivo a mejorar la protección ambiental.”112 (traducción nuestra) Al paso de diez años de puesta en vigor dicha medida, el nivel de emisiones de contaminantes se había reducido a la mitad.113

Como podemos ver, el conocimiento que propicia una política de acceso a información con fines específicos es muy efectivo en exponer la data necesaria para efectivamente resolver y desalentar los actos nocivos al ambiente. Es más, si extendemos esta corriente a un nivel colaborativo, luce aún más atractiva tal política si consideramos el potencial que tiene junto con la Internet y las tecnologías emergentes para atender o hasta eliminar de forma inmediata los errores nocivos del servicio público.114 Es decir, dado nuestro entorno tecnológico y lo inmediato que puede llegar la información a cualquier parte del país, una política que obligue a los organismos gubernamentales y privados a ofrecer la información mas relevante a un tema en particular, permitiría un flujo mucho mas eficiente de la información mas relevante.115

CONCLUSIÓN

Como hemos observado, la forma en que nuestro ordenamiento se ha desarrollado dentro del contexto del mercadolibrismo ha desembocado en una administración de nuestros recursos naturales que le falla a los intereses de la población en general ya que solo parece considerar los deseos del individuo, y no de la comunidad, al establecer su política pública. Consideramos que este tipo de manejo es insostenible ya que, al regirse por los valores del mercado, su explotación se hace sin considerar elementos sociales que, aunque no sean cuantificables en un análisis costo-beneficio, son muy importantes para la sociedad, e.g., la pureza del aire y el agua, la belleza de su entorno, el uso de áreas verdes, etc. Y es que, en principio, el individuo no piensa igual que una comunidad. Como hemos comentado anteriormente, el individuo tiende a vindicar valores distintos en comparación a la comunidad a la cual pertenece. Es por esto que es tan importante implementar una reforma de derecho administrativo que le brinde apertura a la participación ciudadana y que los resultados de esta participación sean vinculantes. Sin lugar a duda, es necesario reconstruir la manera que manejamos nuestros recursos, adoptando una visión abarcadora e inclusiva de todos los sectores de la sociedad; no tan solo aquellos que la componen a nivel singular.


1 A nuestro juicio el termino “participación” comúnmente utilizado en el ambiente de derecho administrativo amerita un estudio episcopologio que permita considerar si de lo que se esta hablando en realidad no es otra cosa que una mera “consulta” sujeta a la benevolencia del Estado a rechazar o absorber las aportaciones del ciudadano. Para una discusion mas a fondo de la participación ciudadana Véase Érika Fontánez Torres, El Derecho a Participar: Normas, Estudios de Caso y Notas para una Concresión, 68 Rev. Col. Abog. PR. 631 (2007) Véase también William Vázquez Irizarry, Participación Ciudadana en la Reglamentación Administrativa en Estados Unidos y Puerto Rico: Premisas y Nuevos Paradigmas, 1 Revista de Gestión Pública 69 (2012).

2 Michel J. Godreau, Un Esquema para el Análisis de Problemas de Derecho Civil Patrimonial, 55 Rev. Jur. U.P.R. 9, 12 (1986).

3 Emplearemos este termino a lo largo del escrito para referirnos a las tendencias del mercado libre y los criterios que se han desarrollado bajo este concepto.

4 Véase Cass R. Sunstein, The Cost Benefit State: The Future of Regulatory Protection 3 (American Bar Association 2002).

5 Id.

6 42 U.S.C. 7401 et seq.

7 42 U.S.C. 7411A(1).

8 Union Electric Co. v. EPA, 427 U.S. 246, 49 L. Ed. 2d 474, 96 S. Ct. 2518 (1976) .

9 FDA History – Part III, U.S. Food and Drug Administration, http://www.fda.gov/AboutFDA/WhatWeDo/History/Origin/ucm055118.htm.

10 Sunstein, Supra Nota 4, en 12.

11 Véase Cass R. Sunstein, After the Rights Revolution 31 (Harvard University Press 1990).

12 Véase Ludwik A. Teclaff, Economic Roots of Oppression 372-379 (William S. Hein Company, 1984).

13 Cass R. Sunstein, After the Rights Revolution 31 (Harvard University Press 1990).

14 Id.

15 Véase Murray N. Rothbard, Free Market, Library of Economics and Liberty (17 de diciembre, 2015, 9:01pm) http://www.econlib.org/library/Enc/FreeMarket.html.

16 Real Academia Española, http://lema.rae.es/drae/?val=libertad ( 17 de diciembre, 2015, 9:13pm).

17 Milton Friedman, Free Markets and Free Speach, 10 Harv. J. L. & Pub. Pol’y, 1, 6 (1987).

18 Id. en 7.

19 Milton Friedman & Rose Friedman, Tyranny of the Status Quo 130 (Harcourt Brace Jonovich 1984).

20 Milton Friedman & Rose Friedman, Tyranny of the Status Quo 134 (Harcourt Brace Jonovich 1984).

21 Mas adelante observaremos que la realidad es que los actos de los individuos sí afectan a terceros. Aún así, la doctrina mercadolibrista insiste que la presencia del gobierno empeoraría la situación. Ver infra pag. 12.

22 Milton Friedman, Free Markets and Free Speach, 10 Harv. J. L. & Pub. Pol’y, 1, 7 (1987).

23 Cass R. Sunstein, After the Rights Revolution 36 (Harvard University Press 1990).

24 Id.

25 Id. en 37.

26 Id.

27 Véase Cass R. Sunstein, introduccion de The Cost Benefit State: The Future of Regulatory Protection, en ix (American Bar Association 2002).

28 Id. en 22.

29 Id. en 20.

30 Id. en 6.

31 Id. en 6-7.

32 Executive Order Núm. 12291, 46 Fed. Reg. 13193 (Feb. 19, 1981).

33 Executive Order Núm. 12498, 50 Fed. Reg. 1036 (Jan. 8, 1985).

34 Véase Cass R. Sunstein, The Cost Benefit State: The Future of Regulatory Protection 10 (American Bar Association 2002).

35 Executive Order Núm. 12291, 46 Fed. Reg. 13193 (Feb. 19, 1981).

36 Sunstein, Supra nota 34, en 11

37 Id.

38 Entiéndase en el sentido del mercadolibrismo.

39 Philip Shabecoff, REAGAN ORDER ON COST-BENEFIT ANALYSIS STIRS ECONOMIC AND POLITICAL DEBATE, N.Y. Times (7 de noviembre, 1981), http://www.nytimes.com/1981/11/07/us/reagan-order-on-cost-benefit-analysis-stirs-economic-and-political-debate.html?pagewanted=all.

40 Véase Henry S. Richardson, The Stupidity of the Cost-Benefit Standard, en Cost-Benefit Analisys: Legal, Economic and Philosophical Perspectives 136 ( Matthew D. Adler and Eric A. Posner eds., 2000).

41 Id.

42 Id.

43 Id.

44 Richardson, Supra nota 40, en 137.

45 Id. en 138.

46 Ver Cass R. Sunstein, Cognition and the Cost Benefit Analysis, en Cost-Benefit Analisys: Legal, Economic and Philosophical Perspectives 223 ( Matthew D. Adler and Eric A. Posner eds., 2000).

47 Richardson, Supra nota 40, en 138.

48 Para efectos de este escrito, usamos la palabra “interés” para expresar la idea de “choice” que desarrolla el Profesor Sunstein. Véase Cass R. Sunstein, Free Markets and Social Justice (Oxford University Press 1997).

49 Id. en 14-15 (texto original: “Should a constitutional democracy take preferences as a basis for political choice? In contemporary politics, law and especially economics, a conventional answer is affirmative. Modern economics, for example, is dominated by a conception of welfare based on the satisfaction of existing preferences, as measured by willingness to pay in the market domain; in politics and law, something called “paternalism” is disfavored in both the public and private realms.”).

50 La Real Academia Española define al paternalismo como “Tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección propias del padre en la familia tradicional a relaciones sociales de otro tipo; políticas, laborales, etc.” Real Academia Española, http://lema.rae.es/drae/?val=reputar ( 17 de diciembre, 2015, 9:21pm).

51 Sunstaein, Supra Nota 34, en 15.

52 Termino en inglés: “subjective welfareism”.

53 Sunstaein, Supra Nota 34.

54 Cass R. Sunstein, Free Markets and Social Justice 13 (Oxford University Press 1997).

55 Id.

56 Id. (texto original: “Politics is typically, if not always, an effort to aggregate private interests. It is surrounded by checks, in the form or rights, protecting private liberty and private property from public intrusion.”

57 “Voluntary transactions in the economic market may have effects on third parties for which these third parties are neither compensated – if the effects are bad – nor have to pay – if the effects are good. This phenomenon – frequently termed “market failure” – has been a major argument used to justify government intervention in the marketplace. The most obvious example is pollution. We can all agree that clean air and clean water are desirable. But how are we to achieve specific ends without broadening government powers beyond a commonly perceived specific need? We must recognize that the problem arises when government engages in any activity, including activity intended to correct the market failure. There, too, some get the benefits without paying the costs, while others pay the costs without getting benefits. And, as already noted, those who get benefits without costs have a great political advantage over those who pay the costs without getting any benefits. The latter are in practice nearly helpless to do anything about it. As a result, market failure, while it does occur, is far less extensive, and generally less harmful, than government failure.” Milton Friedman & Rose Friedman, Tyranny of the Status Quo 51-52 (Harcourt Brace Jonovich 1984).

58 El termino en ingles se conoce como market failure. Se define como “… una situación en la que un determinado mercado no organiza eficientemente la producción o la asignación de los bienes y servicios a los consumidores.” Enciclopedia Financiera, http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/microeconomia/fallosdelmercado.htm (17 de diciembre, 2015 9:45pm).

59 Friedman, Supra Nota 57.

60 Cass R. Sunstein, Free Markets and Social Justice 36 (Oxford University Press 1997).

61 Id. en 39.

62 Id.

63 id.

64 Usamos el termino comunidades normativas como la traducción de “norm communities” que emplea Cass Sunstein: “The fact that norms are socially contested can lead to the creation of many diverse norm communities. People who are dissatisfied with prevailing norms can vote with their feet, using the power of “exit” to become members of groups built on especially congenial norms.” (énfasis original) Cass R. Sunstein, Free Markets and Social Justice 40 (Oxford University Press 1997).

65 Id. en 41.

66 Id. en 37.

67 Id. en 42.

68 Id.

69 Cass R. Sunstein, Free Markets and Social Justice 42 (Oxford University Press 1997).

70 Id. en 44.

71 Id.

72 Id.

73 Id.

74 Cass R. Sunstein, Free Markets and Social Justice 44 (Oxford University Press 1997).

75 Id. en 50.

76 Id.

77 Id. en 17 y 37.

78 Id. en 17.

79 Id.

80 Cass R. Sunstein, Free Markets and Social Justice 50 (Oxford University Press 1997).

81 Id. en 45.

82 Id.

83 Id. en 46.

84 Id. en 51.

85 Cass R. Sunstein, Free Markets and Social Justice 55 (Oxford University Press 1997).

86 Id.

87 Id.

88 Grant McConnell, Private Power and American Democracy 363 (Alfred A. Knopf 1st ed., 1966).

89 La misma naturaleza abarcadora de la planificación como tema de estudio excede de sobremanera la capacidad del presente escrito. Como resultado, no entraremos en el trasfondo histórico de la planificación en sí, sino que lo presentaremos como una figura en su mas amplia función y propondremos la inclusión de un proceso participativo general en aras de lograr un manejo responsable de nuestros recursos naturales.

90 Marcos Kaplan, Sociedad, Politica y Planificación en América Latina 10-12 (Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 2nda ed. 1985).

91 Carlos Mouchet, Aspectos Legales e Institucionales de la Planificación del Desarrollo 119 (Versión Preliminar) (1968).

92 Id.

93 “Un plan es una pieza técnica, de complicada elaboración que afecta muchos intereses que deben ser previamente oídos. Cada plan tiene un sistema, una economía, que no puede ser modificado parcialmente sin afectar la unidad. Por eso se le pide a los órganos legislativos que le proporcionen la necesaria impronta de la legalidad pero sin introducirse en su discusión detallada.” (énfasis original) Kaplan, Supra Nota 90, en 115.

94 Ver Etianne R. Dusart, AN ECOMANAGEMENT MODEL FOR PUERTO RICO 16 (12 de noviembre, 1975) (propuesta para el INSTITUTE FOR POLOCIES AND LAW UNIVERSITY OF PUERTO RICO) (ubicado en la Biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras).

95 Id.

96 U.N. Dep’t of Int’l Econ. & Soc. Affairs, Local Participation In Development Planning, en 5 U.N. Doc. ST/SOA/77, U.N. Sales No. E.68.IV.2 (1967).

97 Id.

98 Id. en 6.

99 Id.

100 Véase Cass R. Sunstein, Free Markets and Social Justice 37 (Oxford University Press 1997)

101 El desarrollo comunitario tiene aspectos abstractos que a veces no encuentran espacio en la la naturaleza práctica de la planificación. “The crux of this problem is to grasp fully the implications of the intangible aspects of community development ant to assure that these are consistently and integrally related to the tangible aspects of development programmes [sic], whatever their technical content.” U.N. Dep’t of Int’l Econ. & Soc. Affairs, Local Participation In Development Planning, en 47 U.N. Doc. ST/SOA/77, U.N. Sales No. E.68.IV.2 (1967).

102 Id.

103 Id. en 48.

104 Véase Suzanne Piotrowski, Government Transparency in the Path of Administrative Reform 9 (State University of New York Press, 2007).

105 En inglés los términos son: 1) “right-to-know policies” y 2) “targeted transparency policies” respectivamente.

106 Ver Archon Fung ET AL., Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency, 28 (Cambridge University Press, 2007).

107 Id.

108 Es menester aclarar que hay corrientes que entienden que parte de una política de acceso a información con fines específicos incluye que las mismas entidades obligadas a difundir la información publique su data de una manera comprensible. Esto nos parece que puede servir de subterfugio para que las entidades reguladas manipulen su data de manera tal que no tenga tanto impacto en la sociedad. Preferimos mas bien que la data especifica se publique de manera inalterada para luego “digerirse” por la población u otros grupos de interés.

109 Fung, Supra Nota 106, en 25.

110 Id. en 29.

111 Ver Archon Fung ET AL., Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency, 28 (Cambridge University Press, 2007).

112 Id.

113 Id. 

114 Fung, Supra nota 111.

115 Para observar el impacto que puede tener la tecnología junto con una política de liberación de data gubernamental, ver en general: Daniel Lathrop and Laurel Ruma, Open Government Collaboration, Tranparency and Participation in Practice (Laurel Ruma and Julie Steele eds., 1st ed. 2010). 
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